Este 2020 la Prueba de Selección a Universidades, más conocida como PSU, ha estado llena de “incidente”/“situaciones” que han exigido una respuesta de las instituciones implicadas.

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No se puede olvidar que desde sus inicios este instrumento fue cuestionado, tanto por agrupaciones estudiantiles como por académicos. Algunas universidades, incluso, propusieron alternativas para equilibrar aumentando la ponderación con factores predictores como las NEM.

Desde el llamado a boicot que obligó a suspender la toma de la prueba en 64 establecimientos, pasando por la filtración de la prueba de historia se han generado escenarios complejos que han desafiado la respuesta de las autoridades. En este contexto consideramos necesario analizar dichas decisiones a la luz del enfoque de derechos. Entendiendo que este enfoque nos permite visibilizar las “brechas” entre el derecho y su ejercicio real. 

  • Cancelación de la prueba de historia: respecto a la suspensión de la PSU, el DEMRE junto al CRUCH toma la decisión de reprogramar la fecha para los alumnos que no pudieron rendirla, para el 27 y 28 de enero, pero la prueba de historia fue suspendida para este 2020 lo que llevó a diversas preguntas: ¿cómo se asegura iguales oportunidades para aquellos que se habían preparado en esta prueba? ¿Cuál es el valor asignado a historia? La Asociación Chilena de Historiadores ha declarado que rechaza esta medida porque “Esta decisión constituye un nuevo y lamentable hito en la naturalización de la idea de que la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales son saberes prescindibles en la formación de nuestros estudiantes”. Un elemento que destaca la Asociación de Historiadores es que dejar de lado la importancia de la historia va acorde a las medidas tomadas por el MINEDUC respecto al curriculum de tercero y cuarto medio lo que aumenta la desigualdad. En cierta medida podemos considerar que desde un criterio mercantil, la historia no es relevante. Sin embargo, es un conjunto de saberes que permite el ejercicio consciente de principios de derechos humanos como la participación informada en la vida ciudadana. No se estudia historia para saber fechas, sino para comprender procesos que impactan en la vida comunitaria. 
  • PSU en condiciones poco favorables: más allá de los lugares donde se suspendió la prueba, hubo locales en los que la prueba no se pudo rendir en un ambiente propicio. Esto significó agregar una situación mayor de estrés a la prueba, no garantizando por parte de las autoridades correspondientes un entorno adecuado para el proceso de medición de aprendizajes. Situaciones en este segundo proceso como cambios repentinos de locales de aplicación por falta de mobiliario, entrega de pruebas no correspondientes a lo establecido por horario, proceso de ingreso a los locales con tiempos extensos de espera, lentitud en el inicio de las pruebas, recorridos de hasta dos horas para estudiantes cuyos locales asignados estaban muy lejos de sus comunas de origen con el consiguiente costo en transporte, tiempo y alimentación; sumado a una organización -a lo menos- deficiente ponen en duda este proceso y su validez, así como la poca consideración por la población a la que fue aplicado. En esas condiciones vale preguntarse por la confiabilidad de los resultados como factores predictivos. Pareciera que más que medir los procesos de aprendizaje lo que primó fue la agenda del CRUCh. 
  • Amenazas desde el Ministerio de Educación y el DEMRE, en orden a que los y las jóvenes vinculados al llamado a “boicot” de la PSU 2020 serían excluidos del este proceso de selección. En esta línea, la Defensoría de la Niñez expresó que resguardará el derecho de niños y niñas a la educación y, por lo tanto, a la rendición de las pruebas. Finalmente, esta medida no se aplicó y, actualmente, alumnos que rindieron en condiciones poco favorables podrán rendirla nuevamente. Existe una lista de quienes están habilitados y quienes no en el sitio del DEMRE.
  • Aplicación la Ley de Seguridad Interior del Estado contra los voceros de la ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios). El presidente Sebastián Piñera anunció que aplicará la Ley de Seguridad del Estado a quienes llamaron a boicotear la PSU mediante la aplicación de la ley mencionada. Ahora bien, esto tiene dos miradas: por una parte la misma existencia de la Ley de Seguridad del Estado (LSE) ha sido cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos, entre otras cosas porque los hechos que tipifica han sido tan amplios como poco definidos y, en muchos casos, tras años de prisión, los acusados han sido liberados sin cargos. Además la aplicación de la LSE va contra los tratados firmados por el Estado de Chile respecto a la infancia, especialmente la Convención de los Derechos del Niño, ya ratificada por nuestro país. Muchos secundarios son menores de edad, personas en proceso de formación. Por otra parte, el hostigamiento de la prensa; la mirada despectiva de actores políticos adultos (“son unos mocosos que no entienden nada”), da muestras claras del adultocentrismo imperante en la sociedad chilena. Se descalifica a los voceros por su calidad de jóvenes y por tanto ignorantes, o por ser parte de “grupos privilegiados” sin mirar el fondo de la demanda que se arrastra desde 2006 a lo menos. Es por ello, que distintas organizaciones sociales y personas han firmado una carta en que se afirma que la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado es “una medida judicial que lejos de apuntar hacia soluciones de fondo para cambiar el sistema de acceso a la educación superior, lo que hace es criminalizar por decreto la protesta social, perseguir a los liderazgos sociales y alentar desde el Estado castigos a quienes se alcen contra el modelo imperante en el país”.

Es cierto que deben existir mecanismos adecuados para medir las capacidades y habilidades necesarias para el desempeño universitario; también es cierto como lo han comprobado diversos estudios, que la PSU (lo mismo que el SIMCE) son instrumentos que replican la desigualdad en el acceso y calidad de la educación. Si bien el boicot o cualquier forma de violencia debe ser censurada entonces ¿cómo no censurar las violencias cotidianas de los jóvenes que viven la desesperanza aprendida? ¿cómo no censurar las condiciones en que tantos maestros y maestras -a lo largo del país- se la siguen jugando por los niños, niñas y jóvenes en los que nadie cree? 

El Estado de Chile es garante de derechos y, en tal condición, es responsable último de generar las condiciones para una educación que ponga en valor a cada niño, niña y joven, desarrollando sus talentos, ofreciendo alternativas reales para la vida y no poniendo como única meta deseable la universidad. Pero para ello debemos pensar primero qué país queremos y formar ciudadanos (no meros consumidores) que lo hagan posible. 

La PSU en la prensa: